Promesas del Gobierno de la ciudad:
· Crear una policía metropolitana comunitaria y cercana a los vecinos.
Diagnóstico
Con el apoyo del gobierno nacional (el FPV votó en el Congreso Nacional a favor de la modificación de la ley Cafiero y, en la legislatura, la creación de la Policía Metropolitana) Macri creó la Policía Metropolitana. Al crear una policía nueva el gobierno de la ciudad tenía una oportunidad histórica de romper con la típica desconfianza del vecino hacia la policía. Pero la desperdició. Desde un principio se alejó del objetivo prometido. Ubicando en los puestos más importantes a personajes con graves antecedentes penales y con vínculos directos con la última dictadura militar y con la violación de los derechos humanos, alejó a la Policía Metropolitana de su objetivo original.
Políticas de seguridad del Gobierno de la ciudad
¿Cómo quieren que confiemos en una policía con esta historia?
En junio de 2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad designa como primer Jefe de la PM a Jorge “Fino” Palacios. Ese nombramiento se produce a pesar de las críticas y advertencias de numerosas organizaciones sociales y de todo el arco opositor, atento a sus antecedentes (vinculados con los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el secuestro de Axel Blumberg, sus vínculos con el delito organizado y la justificación del terrorismo de Estado en su libro Terrorismo en la Aldea Global) y al muy probable procesamiento en la causa por encubrimiento en el marco de la investigación del atentado a la sede de la AMIA.
Estos hechos derivaron en la renuncia, a muy pocos días de ser designados, del Jefe y Subjefe de la PM, y en la baja de varios altos mandos y oficiales.En ese marco, toman estado público las denuncias que involucran a Jorge Palacios y al ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, Ciro James, por las escuchas ilegales a diversas personas, entre ellas a Sergio Burstein, familiar de víctima del atentado a la AMIA. Las denuncias terminarían en el procesamiento y la detención de ambos, por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales.
Con la renuncia de Palacios queda a cargo de la PM el Subjefe Osvaldo Chamorro, quien renuncia el 24 de noviembre de 2009 (Dto. 1170/09), al conocerse que tenía en su poder datos patrimoniales y financieros de funcionarios del Gobierno y legisladores de la oposición, en el marco de la causa por escuchas ilegales. Al igual que otros altos jefes de la PM, Chamorro había sido pasado a disponibilidad en la que fue denominada la mayor purga de la historia de la Policía Federal Argentina (Resolución 670/PFA del 18 de mayo de 2004).
El 11 de diciembre de 2009, ante las forzadas renuncias de Palacios y Chamorro, el Jefe de Gobierno porteño designa, mediante Dto. Nº 1101/09, a, un civil, al mando de la PM. Eugenio Burzaco fue quien acercó a la provincia de Neuquén el plan de seguridad que regía en la policía cuando mataron a Fuentealba.
Las bajas de personal policial siguieron más allá de las renuncias de Palacios y Chamorro. Entre febrero y abril de 2010 se produjeron 22 bajas. El más resonante fue el caso del Comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo, responsable del área de Investigaciones de la PM. Su baja se produjo el 23 de abril del 2010, luego de que se difundiera públicamente su procesamiento en una causa que investiga la protección policial a tres prostíbulos. Según reconoció el jefe policial Eugenio Burzaco en ocasión de su exposición ante los diputados, el procesamiento de Colombo era muy anterior a su nombramiento en la PM.
· Irregularidades en el procedimiento de la incorporación de personal policial
Los procedimientos de incorporación del personal no garantizan que los ingresantes cumplan con los requisitos de idoneidad y antecedentes que la función policial requiere. Entres ellos cabe destacar dos hechos: la ausencia en muchos casos, sobre todo en los legajos de los altos mandos, de la foja de servicios de la fuerza de seguridad de origen; y la ausencia en casi todos los legajos revisados del certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la fuerza de origen. El Ministerio nunca estableció la obligatoriedad de que los aspirantes presenten ambas certificaciones.
· Perfil de buena parte de los agentes incorporados.
Un motivo de extrema preocupación es el perfil en inteligencia que revistan varios de los agentes incorporados. La revisión de legajos permitió verificar que varios de sus miembros están capacitados en “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la dictadura. Y otros han realizado adiestramientos en “combate al narcotráfico” y en “antiterrorismo” en los Estados Unidos e Israel. Estos antecedentes y especializaciones nada tienen que ver con las atribuciones de la PM. Vale recordar que la Ciudad tiene competencias en contravenciones y otros delitos transferidos por el Estado Federal que no tienen ninguna relación con el terrorismo y la lucha armada. Mucho menos se entiende el interés por la formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido pensada como comunitaria y de proximidad con los vecinos.
Derechos Humanos
· Según Macri “el mejor intendente de la Ciudad” fue el brigadier Osvaldo Cacciatore, el intendente de la última dictadura militar. En ese sentido, nombró en distintos cargos jerárquicos a figuras vinculadas, de una u otra manera, a la última dictadura militar. Sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, es decir un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza.
Federico Young: Agencia de Control Comunal. Juez del fuero civil con estrechos vínculos con la dictadura. Junto a Cecilia Pando condenó la 0reapertura de los juicios a los represores procesados por delitos de lesa humanidad.
Abel Posse: Ministerio de Educación. Posse cosechó un rechazo unánime luego de afirmar que estaban “ilegítimamente encarcelados los militares que lograron el cometido de aniquilar a la guerrilla en sólo diez meses”, que los ex detenidos-desaparecidos eran un “residuo de subversivos” y que los jóvenes están “drogados y estupidizados por el rock”, entre otras frases memorables.”
Nelly Arrieta de Blaquier: Embajadora cultural. Hija y ex esposa de los responsables del Ingenio Ledesma, fue Vicepresidenta del Directorio cuando desaparecieron más de treinta trabajadores, entregando listas negras a las autoridades militares.
Daniel Pastor: director del Instituto Superior de Seguridad Pública (la academia de la futura policía porteña) Abogado que sostiene que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles y cuestiona los fallos de la CIDH
Jorge Alberto Palacios: (jefe de la Policía Metropolitana). Fue procesado en el mes de diciembre de 2006 en la causa por los hechos del 20 de diciembre de 2001. En la causa del ataque contra AMIA, Palacios fue acusado por una larga serie de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento del deber de persecución del delincuente y sustracción de prueba. Pero además, se dispuso su retiro por supuestas vinculaciones con los secuestradores de Axel Blumberg.
Raúl Ricardo Ferrón: Comisionado Mayor. Nombrado en la PM. Especializado en inteligencia, ingresó a la PFA en 1976. Ferrón participó de la detención ilegal de Parrilli y de otros miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del Nunca Más, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981.
